La Ley Celaá se abre paso sin consenso ni diálogo

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Ministerio de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ministra de Educación

El Congreso ha dado luz verde a la popularmente conocida como ‘Ley Celaá’, un ejemplo más de la falta de consenso en Educación de nuestros políticos. La octava Ley educativa de la democracia, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), viene, como todas, cargada de polémica y desacuerdo.

Con aplausos en el ‘bando’ del Gobierno y gritos de “libertad, libertad” en la bancada de la oposición, la Ley finaliza su primera etapa legislativa con división de opiniones. Por el camino se han radicalizado las posturas de defensores y retractores. Finalmente el articulado ha salido adelante por 177 votos a favor (la mayoría absoluta necesitaba 176). Frente a ellos, 148 votos en contra y 17 abstenciones. ERC, PNV, Más País y Compromís han apoyado la votación. En las antípodas, PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, PRC y Cup han rechazado la nueva ley. Para algunos la sorpresa ha llegado de la mano de JxCat y Bildu, que se han abstenido junto a BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Divisiones y críticas

En el punto de mira se sitúan los límites impuestos a la educación concertada y especial, un Bachillerato que se podrá aprobar con un suspenso y el castellano como clave de división total. De todos, quizás es este último punto el que mayores divisiones y críticas ha creado. Así, PP, Ciudadanos y Vox acusan al gobierno de excluir el castellano como lengua vehicular, mientras que la ministra les dice que tergiversan la Ley.

Lo cierto es que el pasado 5 de noviembre, PSOE y ERC aprobaron que el castellano deje de ser lengua oficial del Estado y vehicular en la educación. La medida ha levantado ampollas en la sociedad española y el clamor ha llegado hasta Europa, que ha advertido de la necesidad de buscar acuerdos.

Ni diálogo, ni consenso en la Ley Celaá

Y es precisamente eso lo que esta faltando en la Lomloe. Para la escuela concertada, esta Ley representa ”una limitación a la libertad de elección de centro de las familias”. “Abre la puerta a que las comunidades establezcan medidas intervencionistas como en Cataluña, donde, con el pretexto de combatir la segregación, van a introducir un nuevo sistema que supone juntar todas las solicitudes de matriculación en un programa informático y repartir a los alumnos por los centros, teniendo en cuenta su único criterio y sin atender a la demanda de las familias”, explicaba recientemente Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas.

Aprobado con suspenso

Los suspensos del Bachillerato también están en el punto de mira. Así, frente a la ley aún en vigor, la Lomce, que requiere aprobado en todas las materias, la Ley Celaá se muestra más laxa. En aras de «educación inclusiva» y «diversa», propone «incorporar la posibilidad de obtención del título de Bachillerato por compensación en caso de superar todas las materias salvo una». Ese ‘por compensación’ es explicado por Felipe de Vicente, presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba). “Significa que la Junta de Evaluación puede decidir por mayoría de dos tercios que una materia se considera aprobada si el alumno ha adquirido las competencias a través de otras asignaturas. En realidad, es un eufemismo para aprobar”. Para Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO, no hay nada extraño en esta propuesta. «Si un estudiante puede convertirse en ingeniero aprobando por compensación, no veo por qué no puede hacerse en Bachillerato», afirmaba recientemente en el periódico EL MUNDO.

Mejora de la financiación

“Rechazar este Proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018”, ha apuntado Isabel Celaá. En este sentido, el Gobierno afirma que ha acordado incrementar el fondo de becas y ayudas al estudio un 22%. Asimismo, ha aprobado destinar a educación 2.000 de los 16.000 millones de euros del fondo Covid-19. Otros 260 millones se destinarán a la digitalización de la educación. “Estoy convencida de que este Proyecto, que será debatido y mejorado, es una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean para las próximas décadas”, ha concluido.

Image Credits: Ministerio de Educación y Formación Profesional

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