La CRUE afirma que esta medida ‘podría acarrear un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades’
El Real Decreto Ley 28(2018 de 28 de diciembre lo deja bien clarito: “La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado”.
La Disposición adicional quinta de esta Ley no ha gustado a todos por igual. Mientras que los estudiantes todavía lo están celebrando, las universidades se quejan de una medida que no consideran razonable.
Y es que estos alumnos quedarán comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo -y Fogasa-. El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social corresponderá en el caso de prácticas y programas formativos remunerados a quien dicte la normativa aplicable en cada caso. En el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, será responsable la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen. El Gobierno tiene tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley para desarrollar lo previsto en esta disposición.
Los rectores han reaccionado rápidamente lamentando que no se les consultara con antelación y reclamando al Gobierno una mesa de diálogo para abordar las repercusiones que tendrá la medida. Para ellos esta medida va a encarecer el coste de las prácticas, provocando la disminución de la oferta de plazas por parte de las empresas.
“La obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social de las prácticas –señala un comunicado– podría acarrear un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades, que se añadiría al actual déficit estructural de la financiación universitaria”, indica la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue).
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No tiene sentido que a las empresas se les cobre la securidad social incluso si nuestras prácticas no son remuneradas. Yo tuve la suerte de encontrar unas prácticas increíbles en Madrid el verano pasado a través de una agencia en Londres llamada Fashion Week Internships. Si al diseñador con el que hice las prácticas hubiera tenido que pagar, probablemente no me habrían aceptado. El gobierno necesita revisar esta política, ya que solo hará que sea más difícil para los estudiantes obtener una experiencia laboral significativa.