Uno de cada cuatro jóvenes con trabajo (el 24,5 por ciento) vive en riesgo de pobreza y exclusión social, debido en gran medida a la precarización de sus empleos, que ha provocado además que la cifra de los jóvenes entre 16 y 29 años que viven emancipados sea la más baja en doce años, un 19,7 por ciento.
Son las principales conclusiones a las que ha llegado el Consejo de la Juventud en el Observatorio de Emancipación relativo al primer semestre de este año, que sitúa el retroceso de la tasa de jóvenes que han podido independizarse en un 4,84 % con respecto al año pasado.
Comparándola con el valor máximo que alcanzó con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el segundo trimestre de 2008, la caída en estos ocho años ha sido del 24,04%.
Solo tres comunidades escaparon a estos datos: Cataluña, Galicia y La Rioja, que apenas variaron sus tasas, mientras que en el resto oscilaron entre valores superiores al 15 % en Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra y, por debajo del 3%, en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Madrid.
También los jóvenes adultos de entre 30 y 34 años, que tradicionalmente ha mantenido unas pautas residenciales muy estables, acumula tres trimestres consecutivos de descensos, el último de algo más del 7 %.
El encarecimiento de la vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, hace inviable la independencia de los jóvenes españoles, ya que en uno u otro caso deberían pagar más de la mitad de lo que sus salarios realmente les permite.
Al contrario de las teorías existentes, que creen que abandonar el hogar familiar suele ir parejo con un mayor riesgo de empobrecimiento, el informe constata que el alcance de la pobreza y exclusión entre la población joven emancipada en 2015 fue inferior al de los que siguen viviendo en las casas de sus padres.
Y son los jóvenes adultos que permanecen en la vivienda familiar los que tienen mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza y exclusión social, en concreto el 34,8 %, frente al 27,2 % de los que se han emancipado.
Como recuerda el informe, el indicador europeo Arope, que mide el riesgo de pobreza según diversos factores, otorga a la población joven española de 16 a 29 años y también a los mayores de 65, los valores máximos, un 38,2 %.
Apenas ha habido cambios de las condiciones laborales de los jóvenes: la progresiva reducción de la tasa de paro, que en el segundo trimestre de 2016 fue del 34,4 % (y del 46,5 % entre la población de 16 a 24 años), se fundamenta más en la «desaparición» de la población activa. El motivo, la renuncia de los jóvenes a seguir buscando un trabajo, que optan por prolongar sus estudios.
Aunque su nivel de ocupación ha ido en aumento, especialmente en la industria manufacturera, el transporte y el almacenamiento, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y las actividades sanitarias y de servicios sociales, también se ha incrementado su precariedad laboral.
La mayoría de los contratos siguen siendo temporales, de forma que el 92,5 % de los que se hacen es a jóvenes.
A ello se une la sobrecualificación, que afecta a más del 56 %, y la prolongación de las jornadas de trabajo: excluyendo los trabajos a tiempo parcial, dedican más de 40 horas semanales a sus puestos de trabajo.
Con todo, la población joven ocupada es la que ha experimentado el avance más rápido en el riesgo de pobreza y exclusión social, y se ha disparado del 13,7 % de 2009 al 24,5 % del pasado año, frente a la media general es del 18,1 %.
