Tras dos años de negociaciones
Tras casi dos años de negociaciones con las principales organizaciones de estudiantes, el Ejecutivo ha dado luz verde a este decreto que determina los derechos y deberes de los universitarios, define la orientación al estudiante y la configuración de sistemas tutoriales desarrollados por el profesorado y el personal especializado, describe la atención al universitario, define la naturaleza de las prácticas externas y regula el derecho a una evaluación objetiva, así como a la comunicación y revisión de las calificaciones.
Asimismo, regula la representación estudiantil dentro de las universidades, así como su participación en organizaciones nacionales e internacionales, fomenta la convivencia, contempla la creación de comisiones de corresponsabilidad universitaria formadas por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, describe la colaboración del estudiante con el Defensor Universitario, que podrá asumir tareas de mediación y conciliación e incluye la actividad física y deportiva.
Entre sus competencias se encuentra informar los criterios de las propuestas políticas del Gobierno en materia de estudiantes universitarios, ser interlocutor válido ante el Ministerio de Educación, contribuir a la defensa de los derechos de los estudiantes, o velar por la adecuada actuación de los órganos de gobierno de las universidades en lo que se refiere a derechos y deberes de los estudiantes, entre otras.
