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El informe se basa en una encuesta en la que han participado 64 universidades, entre las que incluye a todas las públicas y al 61% de las privadas y de la Iglesia. Las conclusiones ponen de manifiesto que todavía quedan muchos retos pendientes en materia de prevención de riesgos laborales, así como la necesidad de un nuevo desarrollo normativo en esta materia, que se adapte mejor que el actual al sistema universitario.
Entre los datos obtenidos, y que evidencian los avances realizados en los últimos años, destaca que el 89% de las universidades dispone de una declaración de compromiso con la PRL, que el 86% cuenta con un plan de PRL documentado, que el 91% lleva a cabo la identificación sistemática de los riesgos para su posterior evaluación, así como que la práctica totalidad de las universidades (92%) ofrece a sus trabajadores exámenes de salud específicos en función del riesgo que afrontan en el ejercicio profesional.
En cuanto a los aspectos a mejorar, cabe señalar que sólo el 41% de los planes de PRL de las universidades han sido aprobados por el Consejo de Gobierno. Además, el porcentaje de universidades que han hecho estudios de accesibilidad a sus centros se limita al 56%, y el 53% tampoco ha realizado evaluaciones de riesgos psicosociales.
Asimismo, únicamente el 31% de las universidades dispone de planes de autoprotección en todos sus edificios, y el 44% establece la obligación de asistencia a los cursos de formación y ofrece cursos online en materia de PRL. Otro desafío pendiente es la revisión del sistema de gestión de PRL, ya que en un 53% de los casos no se lleva a cabo el seguimiento adecuado.El informe se va a utilizar ahora como un punto de partida para detectar las deficiencias existentes en el ámbito universitario, analizar las causas y diseñar las propuestas de actuación necesarias para corregirlas.
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